UN GRAN GOLPE A LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

Vengo diciendo desde hace tiempo, que la llamada modélica transición española adoleció de un grave problema, que a la larga nos traerían grandes dolores de la cabeza a todos los convencidos que la democracia es el mejor sistema posible de gobierno.

Los que en la segunda mitad de la década de los años 70, desde el socialismo democrático abogamos por un ruptura en lugar de una reforma, intuíamos del todo imposible borrar por decreto, la memoria de muchos millones de ciudadanos, que habían sufrido en sus propias carnes o la de sus familiares, crueles vejaciones por parte de un régimen autocrático impuesto por la fuerza de las armas treinta i cinco años antes.

Aun así, aceptamos la decisión de una mayoría de españoles expresada en las urnas en un referéndum y unas primeras elecciones de un 15 de junio de 1977, donde la fuerza representante de un franquismo que se proclamaba reformador, la UCD obtenía un amplio respaldo. Pensábamos que lo importante era iniciar el proceso y que más adelante ya encontraríamos los caminos para democratizar todos aquellos estamentos identificados con la dictadura, como el ejercito, la policía, etc. etc.

El poder que la extrema derecha y los facciosos demostraron en los albores de la democracia con la matanza de Atocha, nos hicieron pensar que habíamos acertado con nuestra decisión; pues más adelante, en 1982, con la victoria electoral del PSOE, y la gestión de Narcis Serra al frente del ministerio de defensa, con el pase a la reserva de todos los mandos militares, que habían participado en la guerra civil, la integración en la OTAN; además de la profunda reconversión del cuerpo nacional de policía; nos terminaron de convencer que estábamos en el buen camino, al conseguir la democratización del estamento militar, el poder fáctico más ligado a la dictadura.

Sin embargo y aquí está a mi entender uno de los grandes fallos del período presidido por Felipe González, cuando no prestamos atención o quizás no supimos como hacerlo, para democratizar a un poder judicial que por sus especiales características endogámicas, en cierta manera ha acabado convirtiéndose en una especie de refugio de todos aquellos convencidos de las bondades de un régimen que presidió un autodenominado Glorioso Caudillo. Un poder que encuentra en el Partido Popular, su brazo de expresión política, y al que se dedica a proteger en cuerpo y alma tapando todos los desmanes que donde han ocupado el poder han cometido, como hemos tenido ocasión de comprobar recientemente con el caso Gürtel, o el accesorio a este, el caso Camps en Valencia.

Últimamente, después de consolidar con el tiempo su posición, parece que se han envalentonado llegando a extremos que debo confesar ni yo, malpensado por naturaleza, hubiera creído fueran capaces de llegar; cuando se atreven a asestar un terrible golpe a nuestra democracia iniciando un proceso rapidísimo contra el instructor del caso Gürtel, y otro a la misma persona, por haber tenido la osadía de intentar investigar los crímenes cometidos por los franquistas en los tiempos de la dictadura, dejando intervenir como acusación al pseudo sindicato Manos Limpias, de marcado carácter ultraderechista. Si bien con la sentencia del primer proceso ya han conseguido su principal objetivo de apartar al personaje de la carrera judicial, han podido ser “magnánimos” y dejarlo en una reprimenda en el segundo, evitando una condena internacional a nuestro sistema judicial, que a buen seguro se hubiera producido.